La propuesta del Ministerio de Sanidad para incorporar a los afiliados de Muface al Sistema Nacional de Salud (SNS) ha desatado preocupación entre los profesionales del sector, quienes temen un colapso por la sobrecarga del sistema.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha presentado un informe preliminar que contempla la integración de los 1,5 millones de usuarios de Muface, la mutualidad de funcionarios civiles, en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Este proceso surge como respuesta a la falta de aseguradoras interesadas en renovar el concierto sanitario con la mutualidad para el período 2025-2026. Las principales compañías del sector, como Asisa, Adeslas y DKV, se han retirado del proceso, lo que deja a miles de funcionarios ante la posibilidad de depender exclusivamente de la sanidad pública.
El informe plantea una transición "paulatina y estratificada" en función de la edad, el apellido y la aseguradora de origen de los mutualistas. Además, prioriza que los pacientes con tratamientos complejos sean los últimos en ser transferidos. Este enfoque busca mitigar el impacto inmediato en el SNS, que ya enfrenta problemas estructurales como largas listas de espera y una alta saturación de personal.
Sin embargo, sindicatos y profesionales sanitarios han expresado su preocupación por la medida. Alegan que el sistema público, sin una inversión sustancial en personal e infraestructura, no está preparado para absorber una carga tan significativa sin comprometer la calidad de la atención. El Sindicato Médico de España y otras organizaciones han solicitado al gobierno que priorice la negociación con las aseguradoras o adopte soluciones mixtas antes de optar por la integración masiva.
Por su parte, el Ministerio defiende la propuesta como una medida "viable y razonable", argumentando que permitiría optimizar recursos y garantizar un modelo sanitario más equitativo. Asegura que se implementarán estrategias para minimizar los efectos negativos durante la transición.
La decisión final sobre el futuro de Muface se espera para principios de 2025, con un período de adaptación que podría prolongarse durante nueve meses. Mientras tanto, el debate continúa polarizando a la opinión pública y a los actores del sector sanitario.
