El sistema sanitario español se encuentra en una crisis aguda debido a la inminente jubilación masiva de médicos, financiación insuficiente, disparidades entre comunidades autónomas y las secuelas persistentes de la pandemia de COVID-19.
España atraviesa una grave crisis en su sistema sanitario, especialmente en Atención Primaria, debido a diversos factores críticos que amenazan su sostenibilidad y eficacia. En primer lugar, el país se enfrenta a una ola inminente de jubilaciones: el 54,9% de los médicos de familia y el 42,6% de los pediatras superan los 50 años, con más del 27% ya sobre los 60. En la próxima década, cerca de la mitad de estos profesionales se jubilará, y actualmente no hay suficientes profesionales jóvenes para cubrir este vacío. Las medidas propuestas, como prolongar la jubilación activa hasta los 72 años, han sido calificadas por sindicatos como insuficientes, destacando la necesidad de soluciones estructurales que mejoren las condiciones laborales.
Además, el sistema sufre una financiación claramente insuficiente. España dedica solo el 7,2% del PIB a sanidad, considerablemente menos que el promedio europeo del 8,9%. El gasto per cápita anual también es bajo, con 2.036 euros frente a la media europea de 3.470 euros. Esta infrafinanciación se traduce en una distribución desigual de recursos, provocando que comunidades como Madrid operen con plantillas médicas incompletas, dejando a miles de ciudadanos sin asignación de médicos de familia o pediatras.
La descentralización sanitaria agrava aún más estas desigualdades. En regiones como Aragón, se han reportado recortes presupuestarios y cierre de consultorios rurales, limitando la accesibilidad a servicios esenciales. En Baleares, casi la mitad de las plazas de pediatría en Atención Primaria permanecen sin cubrir, afectando la atención sanitaria de numerosos niños.
A esto se suma el impacto persistente de la pandemia de COVID-19. Cinco años después de su inicio, el sistema aún lucha con listas de espera más largas, sobrecarga laboral y fuga de profesionales hacia el sector privado debido a mejores condiciones laborales.
La Atención Primaria, clave para la salud pública, está especialmente afectada: en Madrid, más de 760.000 personas no tienen seguimiento médico adecuado, y en el país, aproximadamente 1,9 millones de niños carecen de pediatra asignado. Esta situación ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias, elevando costes y disminuyendo la calidad general de la atención.
