Aunque España ofrece una legislación favorable y reconocimiento de derechos LGBTIQ+, muchas de estas mujeres enfrentan desafíos burocráticos y sociales, incluyendo dificultades para regularizar su situación legal y prejuicios persistentes. Algunas recurren al trabajo sexual debido a la falta de oportunidades laborales.
Además, un informe revela que el 99% de las agencias inmobiliarias en Madrid discriminan a la población migrante, dificultando su acceso a la vivienda. Las mujeres migrantes enfrentan una doble discriminación, especialmente aquellas con hijos.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, destacó la política migratoria del Gobierno de España como un ejemplo frente a quienes intentan vincular la inmigración con la delincuencia, resaltando los beneficios económicos de la migración y abogando por la protección de los derechos humanos de los migrantes.
