El Congreso chileno aprobó este miércoles la reforma de pensiones con 110 votos a favor y 38 en contra, marcando la transformación más significativa del sistema previsional desde su creación en 1981.
La nueva ley establece un aumento progresivo de la cotización del 10% al 17%, con un 7% de contribución obligatoria por parte de los empleadores, introduce mejoras en la Pensión Garantizada Universal (PGU) y busca reducir la brecha de género en las jubilaciones. Aunque el gobierno de Gabriel Boric aspiraba a eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la reforma finalmente mantiene su presencia con la incorporación de nuevos actores para fomentar la competencia.
El Congreso chileno aprobó la tarde del miércoles la reforma de pensiones, una de las principales promesas del presidente Gabriel Boric. Con 110 votos a favor y 38 en contra, la iniciativa establece la mayor transformación al sistema previsional desde la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, cuando se implementó el modelo de capitalización individual administrado por empresas privadas.
La reforma, que ahora será promulgada como ley, contempla un incremento progresivo de la cotización obligatoria, pasando del 10% actual al 17%, donde el 7% deberá ser aportado por los empleadores. Este cambio representa un hito, ya que desde hace más de cuatro décadas la carga previsional ha recaído exclusivamente en los trabajadores. Además, la iniciativa eleva la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establece compensaciones para las mujeres, reconociendo las desigualdades de género en el sistema de jubilaciones.
El proyecto contó con el respaldo del oficialismo y la coalición opositora Chile Vamos, aunque fue rechazado por la ultraderecha y algunos parlamentarios de distintos sectores. "Este es un imperativo ético y un acto de justicia", declaró el presidente Boric tras la aprobación, subrayando la necesidad de mejorar la situación de los pensionados actuales y futuros.
A pesar de los avances, la reforma no logró eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), uno de los principales objetivos iniciales del gobierno. Sin embargo, se establece un sistema mixto en el que nuevos actores podrán administrar los fondos, reduciendo el monopolio de las AFP.
Con esta aprobación, el gobierno de Boric concreta una de sus principales promesas de campaña y busca consolidar su legado en un contexto político clave, con las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 en el horizonte.
