El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha anunciado importantes cambios en la política de seguridad y privacidad de la plataforma, como respuesta a las recientes acusaciones en su contra.
Durov, quien fue detenido e imputado en Francia a finales de agosto por la difusión de contenidos ilegales en Telegram, ha informado a sus 13 millones de seguidores sobre la implementación de nuevas medidas para combatir el uso ilícito de la plataforma.
En un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, Durov advirtió que “las direcciones IP y los números de teléfono de quienes infrinjan nuestras reglas podrán ser divulgados a las autoridades competentes en respuesta a demandas legales previas”. Este cambio supone un giro en la política de privacidad de Telegram, que hasta ahora solo revelaba información de sus usuarios en investigaciones relacionadas con terrorismo.
El empresario ruso, que también posee nacionalidad francesa y de los Emiratos Árabes Unidos, explicó que estas medidas buscan “disuadir a los delincuentes que abusan de nuestras reglas” y proteger la integridad de la plataforma, que cuenta con casi 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Según Durov, “no dejaremos que actores maliciosos pongan en peligro la seguridad de nuestra comunidad”.
Durov denunció que algunas personas han abusado del motor de búsqueda de Telegram, violando las normas de uso para la venta de bienes ilegales. Frente a estas violaciones, Telegram ha reforzado su sistema de moderación, recurriendo a la inteligencia artificial para hacer el buscador “mucho más seguro”. Esta tecnología permitirá identificar y bloquear actividades ilegales con mayor eficacia.
Además, Durov confirmó que Telegram ya ha compartido datos de usuarios implicados en este tipo de delitos, lo que marca un cambio en la política de confidencialidad de la plataforma. A partir de ahora, si un usuario es sospechoso en una investigación por actividades delictivas que también violan las reglas internas de Telegram, la empresa realizará “un análisis jurídico de las demandas” que lleguen de las autoridades judiciales, y podría comunicar información personal, como la dirección IP y el número de teléfono del sospechoso.
