El panorama digital español se vio sacudido por una decisión contundente del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien sorprendió al emitir una orden de bloqueo para la popular aplicación de mensajería Telegram.
En un lapso de tres horas, las empresas proveedoras de servicios de comunicación del territorio deben restringir la entrada a esta aplicación, como resultado de una denuncia interpuesta por influyentes representantes del ámbito audiovisual, quienes aducen transgresiones a los derechos de autor, informan medios locales.
La prontitud con la que se ha ejecutado esta acción ha suscitado un enérgico debate acerca de la libertad en línea y la salvaguardia de los derechos de autor.
Mientras los usuarios manifiestan su asombro y inquietud, las compañías enfrentan el reto de obedecer la instrucción judicial dentro del plazo estipulado, lo que plantea considerables desafíos logísticos y técnicos.
