El Consejo de Ministros de España, ha aprobado recientemente la implementación de la directiva DAC8 de la Unión Europea, según informa Huffpost.
Esta normativa implica un endurecimiento en la vigilancia de las criptomonedas y obliga a los proveedores de servicios a cumplir con nuevas exigencias de información. La ley afectará tanto a usuarios residentes como no residentes, en un esfuerzo por aumentar la transparencia fiscal y mejorar la cooperación entre los países de la UE.
La transposición de esta directiva conllevará importantes modificaciones en la Ley General Tributaria. Una de las principales novedades es que las criptomonedas podrán ser objeto de embargo. Los activos digitales gestionados a través de plataformas centralizadas, como los exchanges, estarán al alcance de las autoridades fiscales españolas para su confiscación en caso de deudas impagas. Según CriptoFacil, esta medida moderniza las herramientas de recaudación, facilitando la intervención del Estado en el sector cripto.
Sin embargo, no todos los criptoactivos estarán expuestos a estos embargos. Las criptomonedas que se encuentren en autocustodia, almacenadas en billeteras personales, seguirán siendo inembargables.
Con esta medida, España avanza hacia un mayor control sobre el sector de las criptomonedas, tratando de reducir el fraude fiscal y asegurar la correcta recaudación de impuestos en un mercado en constante crecimiento.
