En febrero de 2020, España convivió con el coronavirus sin ser plenamente consciente de su propagación. Personas como Ainhoa Paz experimentaron síntomas graves de lo que posteriormente se identificaría como COVID-19. La falta de pruebas diagnósticas y protocolos restrictivos, que solo permitían testear a quienes tenían contacto epidemiológico con China, impidieron la detección temprana de muchos casos. Esta situación permitió una propagación silenciosa del virus, mientras las autoridades sanitarias subestimaban inicialmente su riesgo.
El brote en el norte de Italia el 21 de febrero alertó a Europa sobre la gravedad del virus. La situación se agravó rápidamente, con un número creciente de infectados y fallecidos, evidenciando que el virus circulaba por España antes de lo detectado oficialmente. El estado de alarma fue declarado el 14 de marzo, tras un aumento alarmante de casos y muertes. La pandemia dejó secuelas duraderas en muchos, como Ainhoa e Isabelle Delgado, quienes aún sufren de COVID persistente.
Cinco años después, las secuelas de la pandemia siguen siendo evidentes. En Cataluña, la patronal de residencias (ACRA) denuncia la falta de integración sanitaria en los centros, la escasez de recursos y personal de enfermería. La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, y el director de estrategia, Toni Andreu, han resaltado la necesidad de una ley que permita la integración socio-sanitaria, aún pendiente de debate. La falta de personal se agrava por los bajos salarios en comparación con el sector sanitario, lo que desincentiva el trabajo en residencias. ACRA estima que se requieren 1.000 millones de euros para igualar sueldos y atraer personal.
La administración catalana apoya las residencias y promete aumentar los salarios en cuatro o cinco años. Durante la pandemia, las residencias no fueron consideradas esenciales inicialmente, lo que afectó la distribución de material y permisos para visitas familiares. En Cataluña, la pandemia afectó a 2,6 millones de personas y causó alrededor de 28.000 muertes, incluyendo más de 10.000 en residencias.
Recientemente, el epidemiólogo Fernando Simón, figura clave durante la pandemia, participó en una entrevista donde recordó los momentos más críticos de su labor en 2020. Simón mencionó que el peor momento de la pandemia fue el 2 de abril de 2020, cuando hubo 950 muertes en un solo día en España, lo que le hizo dudar sobre si se estaban tomando las medidas correctas. A lo largo de la entrevista, Simón y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, reflexionaron sobre la tensión y las dudas que enfrentaron durante esos días tan difíciles, así como sobre el impacto emocional y físico que soportaron mientras intentaban gestionar la crisis.
La gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia sigue siendo un tema controvertido. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha causado polémica al desmentir falsamente el testimonio de una mujer que perdió a su madre en una residencia durante la pandemia de COVID-19. Rodríguez afirmó en redes sociales que el testimonio era falso, pero tuvo que admitir su error y pedir disculpas al día siguiente.
Las asociaciones Verdad y Justicia y Marea de Residencias, junto con el PSOE, han exigido su dimisión, calificando su actuación de inmoral y ofensiva. La controversia surge en medio de un contexto en el que miles de mayores fallecieron en residencias de Madrid debido a la falta de acceso a hospitales durante las peores semanas de la crisis sanitaria. La oposición ha criticado duramente a Rodríguez y ha presentado propuestas para su destitución, mientras que el PP defiende las disculpas de Rodríguez.
Estas reflexiones y eventos recientes subrayan la importancia de una respuesta sanitaria integrada y la necesidad de aprender de las experiencias pasadas para enfrentar futuros desafíos de salud pública.
