En un acto de represión extrema, el líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado la ejecución de al menos 30 altos funcionarios tras las devastadoras inundaciones que afectaron a la provincia de Chagang y la región del río Yalu en julio.
Según informes de medios surcoreanos, estos funcionarios fueron acusados de corrupción y negligencia en su gestión de la crisis, lo que agravó el impacto de las lluvias torrenciales que dejaron miles de muertos y desplazados.
Las inundaciones, consideradas una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente del país, resultaron en la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas y obligaron a más de 15.000 a abandonar sus hogares. La falta de preparación y respuesta rápida por parte de las autoridades locales fue señalada como la principal causa del elevado número de víctimas y daños materiales. En respuesta, Kim Jong-un destituyó a varios altos cargos, incluyendo al secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang y al Ministro de Seguridad Pública.
Además de las purgas internas, Kim Jong-un decidió rechazar la ayuda internacional ofrecida para afrontar la crisis, optando por trasladar a los desplazados a la capital, Pyongyang, donde se les proporcionará alojamiento temporal. Se estima que la reconstrucción de las zonas afectadas tomará entre dos y tres meses, aunque los analistas advierten que la situación humanitaria podría deteriorarse debido a la falta de recursos y apoyo externo.
A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno norcoreano ha minimizado públicamente la magnitud del desastre, desestimando los informes sobre las altas cifras de muertos y desplazados. Observadores internacionales siguen preocupados por la opacidad del gobierno y la posible subestimación de los daños reales, mientras Corea del Norte continúa lidiando con las secuelas de este trágico evento natural.
