Esta semana, fue presentada una denuncia contra el plan de Gobierno del presidente, Joe Biden por los fiscales generales de veinte estados de EE.UU, a causa de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Esta semana, fue presentada una denuncia contra el plan de Gobierno del presidente, Joe Biden por los fiscales generales de veinte estados de EE.UU, a causa de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
De acuerdo a su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los litigantes objetan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EE.UU. que ya están “sobrecargadas”.
Además, destacaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está excediendo su autoridad para otorgar permisos humanitarios.
En el mismo orden de ideas, la demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio, y sus responsables.
Es conveniente recalcar, que los fiscales generales estatales han reaccionado así, a causa del anuncio del Gobierno de Biden a comienzos de este mes, de que iba a aceptar a más de 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ampliando de esta manera un programa que ya existía para los venezolanos desde octubre.
Por o que, los fiscales argumentaron en su denuncia que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, “que se gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal”.
De igual modo, pusieron el ejemplo de Florida, que, advirtieron, “quedará perjudicada de forma irreparable” por este programa, porque ya se gasta “recursos estatales significativos” para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que socorre.
A su juicio, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en EE.UU. Citó Primicias24.
