El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado el inicio de una investigación a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tras el descarrilamiento de un tren del operador público Renfe ocurrido el pasado sábado.
Este incidente se produjo mientras el tren, que había sufrido una avería días antes, era remolcado para su reparación desde la base de mantenimiento en La Sagra, Toledo. Durante su transporte, el convoy se encontró con un tramo de vía de fuerte inclinación cerca de la estación de Chamartín, lo que complicó el ascenso y generó una serie de fallos que llevaron al descarrilamiento.
Según fuentes cercanas a la investigación, el tren remolcador experimentó un fallo en uno de sus motores al intentar una segunda subida por la vía, lo que provocó que el tren remolcado, sin control, comenzara a descender a gran velocidad. Este incidente ocurrió en el túnel que conecta las estaciones de Atocha y Chamartín, donde la señalización indica que se debe tomar una curva a 45 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren alcanzó velocidades estimadas entre 90 y 100 kilómetros por hora, recorriendo aproximadamente cuatro kilómetros antes de descarrilar, un suceso que, afirman expertos, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.
Por fortuna, los dos mecánicos que se encontraban a bordo del tren averiado resultaron ilesos, lo que ha sido calificado como un milagro por los investigadores. Las autoridades han iniciado el análisis de las acciones llevadas a cabo por el equipo de mantenimiento que viajaba en el tren, mientras que la dirección de Renfe ha anunciado indemnizaciones para los 17.000 pasajeros afectados por el retraso en los servicios ferroviarios a raíz del accidente.
El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha indicado que el próximo fin de semana se realizarán cortes en el servicio ferroviario para retirar el convoy descarrilado, y ha resaltado que el incidente “no es normal”, lo que requiere un análisis exhaustivo.