El Parlamento Británico, ha dado un paso trascendental en su política migratoria al aprobar el martes el proyecto de ley contra la migración irregular, promovido por el Gobierno conservador de Rishi Sunak y defendido por la ministra del Interior, Suella Braverman. Así lo informaron medios internacionales.
Este texto va más allá de las discusiones políticas previas al brexit y plantea una seria amenaza al derecho de asilo, reconocido como un derecho humano básico por la Convención de Ginebra.
La nueva ley impide que cualquier persona que acceda irregularmente a Reino Unido pueda solicitar asilo, siendo devuelta de inmediato a su país de origen o a un tercer país considerado seguro, como Ruanda. Aquellos que logren permanecer en el país enfrentarán la perspectiva de ser enviados a un barco cárcel con capacidad para 500 solicitantes de asilo, atracado en la isla de Portland junto a varias prisiones británicas.
La ley migratoria ha sido objeto de fuertes críticas tanto de Naciones Unidas como de numerosas organizaciones de derechos humanos, quienes la consideran un retroceso en materia de derechos humanos y derecho internacional. Al cerrar la puerta al asilo para quienes ingresen irregularmente al país, se vulnera el principio fundamental de protección internacional que garantiza el derecho de asilo a aquellos que enfrentan persecución o peligro en sus lugares de origen.
También elimina el límite legal de detención para personas indocumentadas en proceso de deportación y generaliza la detención de migrantes con miras a su expulsión, lo que aumenta la preocupación por el trato y la salvaguardia de los derechos de los migrantes en el país.
