La Procuraduría General de Colombia, se ha pronunciado tras el reciente rescate de 55 migrantes, abandonados en aguas de San Andrés por traficantes para llevarlos ilegalmente a las costas nicaragüenses, un acto que arroja luz sobre la creciente crisis de seguridad en la región.
Entre los rescatados, alarmantemente, se encontraban 16 menores de edad, lo que subraya la vulnerabilidad de quienes buscan una vida mejor lejos de sus lugares de origen. Con esta operación, la cifra de migrantes irregulares puestos a salvo entre 2022 y 2023 asciende a 1,102 personas, una señal preocupante de la magnitud de este fenómeno, destacan medios internacionales.
Sin embargo, la alegría del rescate se ve empañada por la triste realidad de que 74 personas aún permanecen desaparecidas en altamar, enfrentando peligros incalculables. La Procuraduría General de la Nación, ha expresado su consternación y ha reiterado las advertencias previamente emitidas a través de un informe preventivo en octubre de 2023, en el cual se presentaron 30 recomendaciones a 13 entidades para abordar esta problemática.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, ha hecho un llamado a la acción urgente, declarando: “Este nuevo episodio demuestra que ni Migración Colombia ni la OCCRE están tomando las medidas necesarias”.
Asimismo, destacó que se deben redoblar los esfuerzos con mensajes dirigidos a los migrantes, exponiendo los riesgos a los cuales se enfrentan, así como mejorar el control de ingresos de ciudadanos extranjeros en la isla.
