Desde el 1 de enero de 2024, se implementará una significativa ampliación de derechos para los becarios, permitiéndoles cotizar a la Seguridad Social durante sus prácticas formativas o prácticas académicas externas, ya sean remuneradas o no.
Hasta ahora, esta obligación solo recaía en aquellos alumnos que realizaban prácticas remuneradas.
Esta extensión de derechos beneficia a todos los estudiantes universitarios y de formación profesional, permitiéndoles comenzar a construir su historial de cotización, lo que tendrá un impacto positivo en sus futuras pensiones. Además, esta medida busca brindar una mayor protección a los jóvenes durante la realización de sus prácticas, incluso en casos de accidentes, así lo informó la web de la revista de Seguridad Social.
Los becarios se considerarán asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, excluyendo sistemas especiales a menos que las prácticas se realicen a bordo de embarcaciones, en cuyo caso estarán incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
La acción protectora abarcará la correspondiente al régimen de Seguridad Social aplicable, excluyendo la protección por desempleo, cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional, así como la contribución al Mecanismo de Equidad Intergeneracional en el caso de prácticas no remuneradas.
Para el cálculo de las cotizaciones, se tomará la base mínima del grupo 8 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social, multiplicada por el número de días de prácticas formativas. La cotización se limitará al importe de la base mínima de cotización del grupo 7 de cotización del RGSS.
Esta novedad se acompaña de una amplia bonificación en las cuotas a la Seguridad Social, con una reducción del 95% en la cotización por contingencias comunes. Además, en el caso de estudiantes de Formación Profesional, el 5% restante será asumido por el Ministerio de Educación.
Para los antiguos becarios, se contempla la posibilidad de suscribir un convenio especial que permita el cómputo de la cotización por periodos de formación o prácticas no laborales realizadas antes de la entrada en vigor de esta norma, hasta un máximo de cinco años. Esta medida ,se encuentra en fase de negociación en el marco del diálogo social y está pendiente de desarrollo normativo a través de una Orden ministerial.
