La administración de Donald Trump ha incrementado las deportaciones de migrantes indocumentados sin antecedentes penales, contradiciendo su promesa de enfocarse en individuos con antecedentes criminales. Datos recientes indican que, durante las primeras dos semanas de febrero de 2025, el 41% de los 4.422 migrantes detenidos no tenían condenas ni cargos penales.
La administración de Donald Trump ha intensificado las deportaciones de migrantes indocumentados sin antecedentes penales, contradiciendo su promesa de enfocarse en individuos con antecedentes criminales. Datos recientes indican que, durante las primeras dos semanas de febrero de 2025, el 41% de los 4.422 migrantes detenidos no tenían condenas ni cargos penales.
Esta política ha llevado a que los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estén al límite de su capacidad, con más de 41.000 personas detenidas, lo que ha ralentizado el ritmo de los arrestos y generado críticas por parte de organizaciones de derechos civiles.
Además, la administración ha implementado medidas controvertidas, como la deportación de 178 migrantes venezolanos a la base de Guantánamo, lo que ha suscitado acciones legales y preocupaciones sobre el acceso a representación legal adecuada para los detenidos.
Estas acciones reflejan una ampliación de las prioridades de deportación más allá de los delincuentes convictos, afectando a una población migrante más amplia y generando un clima de temor e incertidumbre en las comunidades inmigrantes.
