Venezolanos deportados a El Salvador: Familias exigen respuestas ante encarcelamiento en condiciones inhumanas
Más de 260 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador enfrentan duras condiciones en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras sus familias denuncian violaciones de derechos humanos y exigen respuestas urgentes.
Entre el 1 y el 6 de abril de 2025, más de 260 migrantes venezolanos fueron deportados por Estados Unidos hacia El Salvador bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una política resucitada por la administración Trump para justificar traslados hacia la prisión salvadoreña conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca. Este centro penitenciario es conocido por sus condiciones extremadamente severas, incluyendo celdas sin ventilación, ausencia total de comodidades básicas y aislamiento prolongado.
Las deportaciones se llevaron a cabo tras operaciones masivas en ciudades estadounidenses como Dallas, Miami y Chicago, bajo el pretexto de combatir la pandilla Tren de Aragua, declarada como organización terrorista extranjera por EE.UU. No obstante, familiares y activistas han insistido en que muchos deportados no tienen vínculos comprobados con actividades delictivas. Yurliana Chacin Gómez, hermana de Luis Chacin Gómez, un venezolano deportado desde Texas, denunció que su hermano fue arrestado sin motivos claros mientras realizaba actividades cotidianas, siendo enviado sin audiencia ni notificación previa a El Salvador.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la ACLU han criticado duramente estas deportaciones, considerándolas violaciones flagrantes del debido proceso y denunciando condiciones infrahumanas en CECOT. Imágenes difundidas por el gobierno salvadoreño mostraron a los migrantes encadenados, con cabezas rapadas y amontonados en condiciones deplorables.
Familias desesperadas, como la de Yurliana Chacin Gómez, han iniciado campañas en redes sociales bajo hashtags como #DevuelvanALuis para exigir respuestas y la liberación de sus seres queridos. Además, abogados defensores de derechos humanos en EE.UU., liderados por la ACLU, han presentado mociones judiciales exigiendo la repatriación inmediata de los deportados, argumentando que el gobierno estadounidense violó claramente órdenes judiciales previas que prohibían estas expulsiones.
Mientras tanto, la administración Trump sostiene que estas acciones están dentro del marco legal y son necesarias para la seguridad nacional, pero enfrenta creciente presión internacional y doméstica. Con el caso pendiente de resolución en la Corte Suprema, el destino de los migrantes venezolanos y la legitimidad de estas políticas migratorias siguen siendo inciertas, intensificando la angustia de cientos de familias afectadas.