Este miércoles, el Poder Judicial de Perú decidió rechazar la solicitud de revisión de la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido tras su intento fallido de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
La decisión ratifica que Castillo deberá cumplir con la prisión preventiva de 18 meses, que fue inicialmente dictada y extendida hasta diciembre de 2024.
La defensa de Castillo argumentó que la medida vulnera sus derechos y que el proceso ha sido irregular, destacando que el expresidente aún cuenta con un fuerte apoyo en las zonas rurales y más desfavorecidas del país. Según sus abogados, la prisión preventiva prolongada es parte de una estrategia política por parte de la élite del país, que busca silenciar a un líder con respaldo en los sectores populares.
Por su parte, los simpatizantes de Castillo han mostrado su descontento, insistiendo en que su encarcelamiento es una muestra de la polarización política en Perú. Muchos de ellos exigen su liberación inmediata y la convocatoria de nuevas elecciones como la única salida a la profunda crisis política que atraviesa el país.
